La respuesta mexicana tiene cuando menos dos objetivos:

1.- Por primera vez, el presidente de la república y comandante en jefe de las fuerzas armadas instruyó al ejército a “elaborar y proponer una política de defensa nacional” y a “revisar y actualizar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto”.

2.- También por primera vez hubo una instrucción concreta para unificar criterios entre las tres ramas de las fuerzas armadas: ejército, marina-armada y fuerza aérea, las cuales habían operado sin coordinación central.

La instrucción fue dada por el presidente Enrique Peña Nieto el 15 de febrero al recibir la Espada y el Sable de Mando de las fuerzas armadas y el martes 19 de febrero el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda anunció cuatro acciones en torno a los dos mandatos presidenciales; de ellas, cuando menos dos serán determinantes para modernizar a las fuerzas armadas:

1.- La “reingeniería integral de dos grandes trabes del quehacer castrense: la doctrina y el sistema educativo”.

2.- Como segunda “acción prioritaria”, en amplia coordinación y colaboración con las otras fuerzas armadas, será imperativo modernizar al ejército acorde a la importancia de nuestra nación, teniendo a la vista un claro rumbo de proyección y desarrollo nacionales”.

La reorganización o reingeniería de las fuerzas armadas había sido un tema latente desde finales del 2006 cuando el presidente Calderón las llamó para atender la seguridad interior rota por el activismo violento, territorial y político de las bandas del crimen organizado en espacios del Estado nacional. La falta de una doctrina de defensa nacional, de una doctrina de seguridad nacional-seguridad interior y de coordinación entre las armas había sido manipulada por los EU para tratar de aumentar su penetración en las estructuras castrenses mexicanas.

Las presiones estadunidenses se dieron con mayor presencia de estrategas militares y marinos en México, mayor actividad de agentes de la DEA y presiones crecientes para meterse hasta el fondo del ejército, pero siempre encontrándose con algunas resistencias institucionales. El contenido de algunos cables de Wikileaks en 2010 reveló, por ejemplo, afirmaciones denigrantes hacia el ejército del anterior embajador de Washington en México, Carlos Pascual, quien se vio obligado a renunciar en marzo del 2011.

En sus típicos juegos de poder, los EU habían presionado a México a través del NYT y del Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés) para desautorizar las acciones militares demeritando el profesionalismo castrense y el papel social del ejército en la vida nacional. Otro de los puntos culminantes de la ofensiva ocurrió el pasado 5 de febrero cuando el The New York Times difundió versiones de mexican desk --oficinas de asuntos mexicanos-- en los pasillos del poder militares, de inteligencia y de seguridad nacional en el sentido de que la Casa Blanca había bloqueado a un general mexicano que estaba en la lista de posibles titulares de la Sedena para dejar la impresión de que desde ahí se controlaban los hilos militares mexicanos.

Una de las intenciones subyacentes de ese misil enviado por la comunidad militar estadunidense contra México era la de promover las divisiones entre el ejército y la armada de México por la percepción de que la Marina tenía más relaciones con su correspondiente de EU y desde luego para introducir la inestabilidad en los altos mandos militares mexicanos. La maniobra fracasó diez días después cuando el actual embajador estadunidense Anthony Wayne se vio obligado a desmentir al NYT las versiones sobre el presunto veto de la Casa Blanca a un general mexicano. Días después de esa nota filtrada por estrategas de Washington, el presidente Peña Nieto decidió modernizar los aspectos de centrales de las fuerzas armadas: las doctrinas de defensa y seguridad nacional y la cohesión en las tres armas para cerrarle espacios a los marines.

Las instrucciones presidenciales para modernizar a las fuerzas armadas mexicanas tienen la intención de blindarlas ante presiones externas que buscan sobre todo alejar a los militares de las tareas de mantenimiento de la seguridad interior. Asimismo, para profesionalizar a las tres armas a fin de disminuir también las presiones internas que también buscar etiquetar a las fuerzas armadas de violadoras de derechos humanos, cuando las instituciones castrenses han aumentado como en ningún país las oficinas propias de defensa de derechos humanos y cuando responsables han sido ya procesados.

La estrategia estadunidense busca alejar a las fuerzas armadas de la seguridad interior ante la amenaza interna de las bandas del crimen organizado, a fin de que sean organismos castrenses extranjeros los que se hagan cargo de esas tareas pero dentro del territorio nacional, un mecanismo similar al colombiano en donde las fuerzas armadas locales se sometieron a las estadunidenses.

Lo que falta a la modernización doctrinal de las fuerzas armadas es la reforma a la ley de seguridad nacional para fortalecer el marco jurídico de los organismos castrenses en la lucha contra el crimen organizado como parte de la seguridad interior, una facultad consagrada en la Constitución.

Por lo pronto, en su discurso de anuncio de los trabajos de modernización de las fuerzas armadas, el general secretario Cienfuegos Zepeda fijo el latente principio histórico que permitió la fundación, hace cien años, del ejército mexicano: “el consenso entre líderes revolucionarios y buenos mexicanos nacionalistas, resultado de una marcada voluntad nacional plasmada en la Constitución de 1917, delineó la fisonomía del ejército posrevolucionario”.